EL DEFAULT DE ESPAÑA

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EL DEFAULT DE ESPAÑA.

Nos encontramos ante la noticia de una posible condonación de la deuda de Cataluña. Y tengo la sensación de que nos resignamos ante un "inevitable" capricho de un déspota. Pues no debemos resignarnos. Hemos de rebelarnos.

Vamos a tratar este problema de la manera más llana y sencilla de lo que yo sea capaz porque es necesario que se entienda muy bien dada su vital importancia.

Cuando una persona (autónomo) o una empresa española entra en crisis y no puede pagar sus deudas con normalidad, acude a unos procedimientos judiciales: concurso de acreedores, preconcurso, acuerdos extrajudiciales de refinanciación. Todo lo que antaño se englobaba y conocía como suspensión de pagos.

Pues bien, en esos procesos el autónomo o la empresa española puede negociar con sus acreedores, bancos y proveedores, ampliaciones de plazos de pago, carencias, refinanciación y quitas; esto último es condonar o perdonar toda o parte de la deuda.

¿Eso se puede hacer con todos los acreedores? No. Las deudas con las administraciones públicas, hacienda, seguridad social y otros, tan sólo admiten renegociar aplazamientos. Se supone que si uno tiene una deuda con una administración pública la tiene con la Nación. Y una administración no puede perdonar una deuda particular ya que perjudicaría a los intereses de todos los españoles. No tiene capacidad legal un organismo público para perdonar deudas en nombre de los ciudadanos.

Eso también es aplicable a la intención del delincuente floreado que nos gobierna, de perdonar, en nombre de todos nosotros, 70.000 millones  de euros de la deuda de las administraciones catalanas. Llanamente no puede y no podemos dejar que se contemple esa posibilidad como una ocurrencia más de la banda monclovita. 

Condonar esa deuda supondría un agravio comparativo entre unos ciudadanos y otros que vulneraría claramente la Constitución. Aunque en el Tribunal Constitucional se encuentre un personaje como Conde Pumpido, que en su pumpidez, diga lo contario la verdad es la verdad y seguiría siendo contrario a la constitución.

Si el estado, las administraciones públicas, no tienen capacidad para perdonar la deuda contraída por personas y empresas con el estado, tampoco la tienen para condonar las deudas de parte del estado con el resto del estado. Esto es, la deuda de una parte de las administraciones con los ciudadanos españoles.

Sólo caben dos opciones, si el estado español o una parte de él, no puede pagar sus deudas se encuentra en default o suspensión de pagos y pueden solicitar el rescate a Europa. El delincuente floreado que preside el gobierno sabrá como se encuentra de solvencia el estado cuyo gobierno dirige.

Dado que no estamos hablando de menudencias, la situación de las finanzas públicas, como son las de la comunidad autónoma de Cataluña, se deben explicar con claridad y transparencia. En el caso de que un porcentaje importante de nuestra economía se encuentre en quiebra, nos afectará a todos por la subida de la prima de riesgo de nuestra deuda pública, y por no recuperar el dinero invertido por todos nosotros en aquella región debido a una gestión negligente de sus administradores.

En el caso de que no estemos en default o suspensión de pagos y que haya capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos, el estado o una parte del mismo, no puede ver perdonada su deuda y se ha de hacer frente a la misma. Lo contrario sería quebrar caprichosamente nuestro ordenamiento jurídico. Sí, con todas las letras, supondría  romper intencionadamente nuestra estructura legal. Cuando se quiebra un ordenamiento jurídico, con armas o sin ellas, se está produciendo un golpe de estado ya que la arquitectura legal es la parte primordial del mismo.

De modo que no dejemos que con la canícula agosteña nos cuelen, como un balón, esta grave agresión y lleguemos a septiembre dando carta de normalidad a este intento de subvertir el orden constitucional.

José Antonio García-Albi